El rostro de la tragedia de los ni??os reclutados y usados como escudos humanos por los criminales

Tiene apenas 14 a??os, pero carga un arrepentimiento que, incluso a esa corta edad, lo carcome. Fue sacado a la fuerza de su comunidad, en un pueblo del sur de Colombia, por un grupo armado y, en primera l??nea de combate, asesin?? a un polic??a. Hoy, lejos del monte y resguardado en una fundaci??n asentada en un punto de los tupidos cerros orientales de Bogot??, dimensiona esa muerte y le pesa.

Su historia refleja la crueldad de los grupos armados, que hist??ricamente han puesto en la mira a los menores de edad, f??cilmente moldeables, para convertirlos en instrumentos de guerra. Este patr??n se repite, con matices, en m??s de 1.200 casos de reclutamiento registrados en Colombia desde 2019, seg??n Naciones Unidas. En los ??ltimos cinco a??os, tras la firma de los acuerdos de paz con las extintas Farc, el principal reclutador ???con m??s de 18.000 v??ctimas, el 30 por ciento de ellas menores de 15 a??os??? este organismo ha visto aumentar este fen??meno en un 300 por ciento.

Solo entre 2023 y 2024, el reclutamiento de ni??os, ni??as y adolescentes aument?? un 64 por ciento, con 453 casos verificados el a??o pasado. Eso significa que, en promedio, seg??n Unicef, cada 20 horas un menor fue utilizado en la guerra.

???No todos los casos se conocen ni se denuncian. Con cifras preliminares, podemos decir que en Colombia, cada 20 horas un ni??o o una ni??a es reclutado, en su mayor??a ind??gena. Se dice que algunos adolescentes se unen por decisi??n propia, pero esto no refleja la realidad. Todo reclutamiento es forzado???, asegur?? Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

La organizaci??n Benposta Naci??n de Muchachos lleva d??cadas sacando de los territorios a menores en riesgo por el conflicto armado. Ni??os, ni??as y adolescentes de todas las edades, provenientes de las comunidades ind??genas del Cauca, de los pueblos afro del Choc?? o de las veredas del Catatumbo, llegan a este lugar, tan lejano a sus ra??ces y a su identidad cultural, tratando de esquivar un destino que, en los rincones m??s profundos del pa??s, parece estar escrito para ellos: engrosar las filas de las disidencias.

Se entrelazan relatos de todo tipo. Un adolescente que se enamor?? de la pareja del cabecilla del grupo y huy?? del campamento con una sentencia de muerte. Ni??as que fueron abusadas sexualmente y esclavizadas en labores dom??sticas desde edades en las que a??n juegan con mu??ecas. Adolescentes desertores y otros con un riesgo extremo de reclutamiento, pero que lograron escabullirse de los violentos. Y esas son las historias con final feliz. Un buen n??mero de ni??os arrastrados a la fuerza a las filas de las disidencias terminan ejecutados o abatidos en combate. Otros prefieren suicidarse antes que enfrentar la cadena perpetua de enlistarse en la guerrilla, donde desertar se paga con la pena de muerte.

???Llegu?? a Colombia hace unos seis meses, y he visitado Cauca, Huila, Catatumbo, Guaviare, Caquet??, Putumayo, Choc??, Medell??n, la Sierra Nevada de Santa Marta y Valle del Cauca. En varios de estos lugares, me he reunido con familiares de ni??as y ni??os que han sido reclutados recientemente por grupos armados no estatales. No puedo describir el dolor que me han expresado entre l??grimas. Los ni??os de Catatumbo son llevados a Guaviare y los de Cauca son trasladados a otras zonas para que pierdan cualquier contacto con personas que puedan ayudarles a escapar. El grupo los desarraiga y viola todos sus derechos, y muchas veces sus cuerpos no vuelven a aparecer. Muchos mueren en combate porque son usados como escudos humanos por los grupos armados???, le dijo a este diario el representante de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Scott Campbell.

Desde agosto pasado, en un combate cuerpo a cuerpo y tres bombardeos, 15 menores de edad que estaban en campamentos de ???Mordisco??? fueron dados de baja por la Fuerza P??blica. Un hecho que, aun bajo el velo de legalidad por tratarse de una operaci??n leg??tima, desat?? pol??mica y hoy tiene al ministro de Defensa tambaleando por una moci??n de censura que se tramita en el Congreso y que fue apoyada por seis representantes del oficialismo.

Le cobraron al gobierno del presidente Gustavo Petro la incoherencia frente a su postura condenatoria de los bombardeos ordenados durante el cuatrienio del expresidente Iv??n Duque, que le costaron la cabeza al exministro de Defensa, Guillermo Botero.

???Es la inevitable adaptaci??n del discurso al Estado real, pues hay una diferencia muy grande entre un discurso ideol??gico de campa??a y el ejercicio real del poder???, explic?? el consultor y experto en seguridad Duv??n Casta??eda.

Paralelo al debate en el que, de un lado, la defensora del Pueblo, Iris Mar??n, alegaba una violaci??n a los principios de distinci??n y necesidad en las llamadas operaciones beta, y, del otro, el ministro de Defensa sosten??a que todo integrante de los grupos armados ???incluso siendo menor de edad??? es un blanco susceptible de caer en combate, qued?? al desnudo el crudo panorama del reclutamiento en Colombia. Un escenario que llev?? al Ministerio P??blico a plantear que ???en todos los campamentos de ???Mordisco??? habr??a al menos un menor de edad???.

En 2024, la entidad que dirige Mar??n document?? 625 casos de ni??os, ni??as y adolescentes que fueron captados o forzados a engrosar las filas de grupos armados ilegales. Este a??o van 162.

De ellos, el 62 por ciento son hombres y el 38 por ciento, mujeres. En el caso de las ni??as y adolescentes, a??n m??s perseguidas por los grupos armados, pasaron de ser usadas principalmente en labores dom??sticas y sometidas a violencia sexual a ser incorporadas en operaciones de combate.

???Si bien el reclutamiento ha existido y persistido a lo largo del conflicto, en estos momentos es mucho m??s complejo. ??Por qu??? Porque los ni??os y las ni??as son muy funcionales en la guerra. Un menor de edad es m??s propenso, por ejemplo, a aprender con mayor facilidad c??mo operar un arma o un dron. En alg??n momento, en Norte de Santander, los mejores francotiradores del EPL eran ni??os. Normalmente, tienen mejores condiciones f??sicas y es m??s f??cil entrenarlos y adoctrinarlos???, se??al?? Juan Sebasti??n Campo, coordinador de la Fundaci??n Benposta.

Las disidencias de ???Iv??n Mordisco??? (Estado Mayor Central) son las que m??s recurren a este crimen (41 por ciento). Les siguen otras c??lulas de las disidencias sin identificar (30 por ciento), otros grupos tambi??n sin identificar (15 por ciento), el Eln (5 por ciento), el ???clan del Golfo??? ???hoy sentado en una mesa de di??logo con el Gobierno??? con el 3 por ciento, la ???Segunda Marquetalia??? con el 3 por ciento y estructuras del crimen organizado con el uno por ciento.

Los ni??os y ni??as con pertenencia ??tnica, oriundos de los territorios m??s desprotegidos por el Estado, son los principales blancos. El 45 por ciento son ind??genas y el 9 por ciento son afrocolombianos, dictan las estad??sticas de la Defensor??a.

Sin embargo, la entidad advierte un subregistro debido a las barreras t??cnicas para verificar los casos, aun cuando sus cifras son m??s altas que las reportadas por Unicef. De hecho, algunos de los 15 menores de edad que murieron en los bombardeos ni siquiera hab??an sido incluidos en el reporte.

Por estas muertes, el presidente Gustavo Petro pidi?? perd??n a sus familias, pero defendi?? los operativos. ??? Lamentablemente, murieron menores combatientes; explicar?? este concepto de acuerdo a los criterios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Pero eso no impide que les pida perd??n a las madres que ven morir sus hijos en combate, tanto en el campo de los adultos como en el campo de los menores. La guerra es siempre un hecho an??malo y negativo??? , dijo en la alocuci??n del mi??rcoles 19 de noviembre.

Este hecho expone otro rostro de la tragedia: el drama de las familias a las que les arrebatan a sus hijos. La tragedia del padre de una ni??a de 13 a??os que muri?? en el bombardeo en Calamar, Guaviare, el 10 de noviembre, y que hab??a acudido al Ej??rcito y a la Fiscal??a para pedir ayuda para recuperarla. O el de un campesino de un municipio de Vichada que ???seg??n el rosario de relatos que tiene la Fundaci??n Benposta??? ahorr?? durante un a??o para poder pagar el pasaje en avioneta e ir hasta Mit?? a poner la denuncia por el reclutamiento de su hijo. ???En buena parte de los casos, les devuelven a los muchachos en un caj??n???, se??al?? el coordinador de la organizaci??n.

Algunos padres se arriesgan y van directamente a los campamentos a hablar con los cabecillas. Otras familias son desplazadas a la fuerza, con las amenazas de los grupos respir??ndoles en la nuca. Y, en muchos casos, son los l??deres sociales y defensores de derechos humanos quienes interceden para rescatar a los ni??os, un acto que a varios les ha costado la vida. Como a la lideresa del Cauca, Camelina Yule, quien les puso el pecho a los violentos para mediar por la liberaci??n de los j??venes ind??genas que estaban enlistando para la guerra. Fue asesinada en marzo del a??o pasado, y su crimen llev?? a la ruptura de los acercamientos entre el Gobierno y las disidencias de ???Mordisco???.

??? El dolor que he visto no puede narrarse con palabras. Es inmenso. Los ni??os y las ni??as no vuelven a las escuelas ni a sus casas, y con falsas promesas les ofrecen una vida que es mentira: en realidad, los llevan a la guerra, a la muerte, a la desaparici??n, al dolor. Por ejemplo, una ni??a de 14 a??os, en Huila, fue reclutada en su colegio el a??o pasado y, en menos de un mes, muri?? en combate. Esto es una tragedia no solo para las familias, sino para las comunidades y para Colombia, que est?? perdiendo una parte de su futuro por la codicia y la crueldad de los grupos armados???, afirm?? Campbell, de la ONU Derechos Humanos.

Si bien la primera responsabilidad del reclutamiento recae en los grupos ilegales que los instrumentalizan, entidades y organismos multilaterales coinciden en la inacci??n estatal frente al crecimiento desmesurado del flagelo, que avanza a la par de la expansi??n de las estructuras armadas, hoy con m??s de 25.000 integrantes.

???La existencia en Colombia de un ni??o o ni??a menor de 18 a??os reclutado por un grupo armado no estatal significa que se requieren mayores esfuerzos por parte del Estado, que tiene las obligaciones de proteger a los ni??os y ni??as de los riesgos del conflicto???, agreg?? Campbell.

La gobernanza criminal que ejercen estos grupos en los territorios ???donde suplen al Estado, imponen restricciones, reglas de convivencia e incluso reparten ayuda humanitaria??? reduce al m??nimo las opciones de vida de la ni??ez y condiciona, casi como ??nico camino, su vinculaci??n a la estructura.

??? La mayor??a de los ni??os y ni??as reclutados provienen de territorios del pa??s donde la pobreza y las inequidades marcan la pauta, y donde la presencia del Estado es limitada. En muchos casos, las escuelas quedan a largas distancias y es dif??cil que los adolescentes se mantengan estudiando. Incluso, es en estos trayectos donde son interceptados para unirse a las actividades de grupos ilegales ???, asegur?? Julien Hayois, especialista de protecci??n infantil de la Unicef.

Los anzuelos para cooptar a los ni??os se han fortalecido con la tecnolog??a y ahora, a un clic de distancia, los adolescentes pueden contactar a los reclutadores, que difunden campa??as a trav??s de Facebook y TikTok, en las que les ofrecen pagos de entre uno y tres millones de pesos mensuales, adem??s de acceso a armas y poder.

???Cuando un muchacho campesino que tiene acceso a internet, a otras realidades, ve que en su regi??n no hay m??s opci??n que convivir con la pobreza, cualquier oferta ???por muy enga??osa que sea??? empieza a verse como una oportunidad para salir adelante, para pertenecer a algo. El supuesto poder que ejercen all?? los grupos armados no es comparable con nuestra visi??n del Estado. En algunos lugares del Meta y en Guaviare, por ejemplo, los grupos armados llegan incluso a decretar un d??a para que todo el pueblo salga a hacer aseo. As?? de importante es su dominio en estas zonas ???, describe Campo, de Benposta.

Por estos claroscuros detr??s del fen??meno, la defensora del Pueblo se refiere a los abatimientos de menores en combate como una ???doble victimizaci??n??? y pide al Gobierno usar otros mecanismos para salvaguardar sus vidas.

???El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas deben desarrollar otros mecanismos y otros medios permitidos dentro de la conducci??n de hostilidades que no afecten a los menores. Si se plantea como si fuera la ??nica opci??n, parece una tragedia inevitable. Pero las Fuerzas Armadas deben utilizar otros mecanismos: inteligencia, capturas??? Eso deben definirlo seg??n su conocimiento del terreno. Los bombardeos no son el ??nico medio de combate???, sostuvo en di??logo con este diario.

Sara Valentina Quevedo Delgado

Redacci??n Justicia