Exclusivo: la pol??mica denuncia detr??s de la inspecci??n de la Comisi??n de Acusaciones al Consejo de Estado

Encabezada por la representante del Pacto Hist??rico Gloria Arizabaleta, una comitiva de funcionarios del Congreso realiz?? el pasado 12 de noviembre una inusual inspecci??n judicial a la sede del Consejo de Estado. La congresista de la Comisi??n de Acusaciones pidi?? revisar y descargar los expedientes de dos procesos de nulidad sobre los que fall?? la Secci??n Quinta ???uno contra la elecci??n del gobernador de San Andr??s y el otro, contra la del alcalde de Calima Dari??n, en el Valle??? adem??s de dos tutelas falladas por la Secci??n Segunda.

La inspecci??n, a la que la representante llev?? a su equipo de prensa, fue ordenada en el marco de una denuncia contra magistrados de la Secci??n Quinta, que decide sobre asuntos electorales, por supuesta corrupci??n.??

Es la misma Secci??n que ha tumbado varias curules del Pacto Hist??rico, entre ellas la del exsenador Roy Barreras, exesposo y mentor pol??tico de Arizabaleta. Son los mismos consejeros que tambi??n han declarado la nulidad de varios embajadores y c??nsules nombrados por el presidente Gustavo Petro porque no cumplen con los requisitos para el cargo.?? Funcionarios del Consejo de Estado se??alaron adem??s que el tono y actitudes de la comitiva del Congreso fueron hostiles.

De la decena de denuncias que investiga la Comisi??n de Acusaciones, hay al menos cinco relacionadas con supuestas irregularidades en el proceso de nulidad electoral de Nicol??s Gallardo, gobernador de San Andr??s, avalado por el partido Liberal y coavalado por Cambio Radical, el Partido Conservador, Centro Democr??tico, Mira y Colombia Justa Libres.

Una fue radicada por la Misi??n Archipi??lago de San Andr??s y se??ala que, en el tr??mite de la demanda de nulidad electoral por doble militancia ???presentada por el ciudadano Cesar Daniel Castro y que por reparto fue asignada al despacho de ??mar Barreto??? supuestamente le pidieron al gobernador 12 mil millones de pesos por un fallo favorable.??

La elecci??n de Gallardo ???que sigue atornillado al cargo a trav??s de pol??micos recursos judiciales??? fue declarada nula desde el pasado 3 de abril, hecho que en principio echar??a por tierra la denuncia.

Sin embargo, esta sostiene que, d??as antes de proferirse el fallo, fueron enviados al despacho del gobernador y a la sede del Partido Liberal, en Bogot??, dos sobres sellados con las ponencias de la sentencia: una que lo salvaba y otra que lo tumbaba. Seg??n el denunciante, esta ??ltima es casi id??ntica a la que profiri?? la Secci??n Quinta. Ambos documentos, dicen fuentes del proceso, fueron autenticados para preservar su cadena de custodia en el momento en que sean requeridos por la Comisi??n.

Otra denuncia, interpuesta por Miguel ??ngel Mora, enumera los cambios entre la sentencia definitiva y uno de los documentos enviados a la isla y a la sede pol??tica.

???Solo se pueden verificar los siguientes cambios: en el punto 94, la sentencia final adiciona una consideraci??n; en el punto 116 hay un cambio no sustancial al final de la oraci??n; en el punto 157, la sentencia final incorpora una nueva consideraci??n; lo mismo ocurre en el punto 159. Del 162 al 167 se trata de consideraciones adicionales incluidas en la sentencia final. El resto del fallo se mantiene igual en su forma y contenido???, dice Mora.

El fallo contra Gallardo lo firmaron los magistrados Pedro Pablo Vanegas Gil y Gloria Mar??a G??mez. El consejero Luis Alberto ??lvarez, actual presidente del Consejo de Estado, no vot?? porque ten??a incapacidad m??dica.

Este diario contact?? al gobernador Gallardo, pero no obtuvo respuesta. La oficina jur??dica del Partido Liberal, por su parte, se??al?? que, cuando sea citada en el proceso contra los magistrados, allegar?? a la Comisi??n de Acusaciones las pruebas correspondientes.

En el Consejo de Estado aseguran que las denuncias en contra de sus magistrados son usuales cada vez que se profiere una decisi??n que toca intereses pol??ticos.??Fuentes de la magistratura defendieron su actuaci??n, asegurando que las pruebas anexadas a la demanda de nulidad no dejaban margen de duda: en campa??a, Gallardo apoy?? a Delford Brackman Ort??z y Luis Torres James, candidatos a la Asamblea departamental del Nuevo Liberalismo, que tambi??n se sum?? a su candidatura pero a trav??s de la figura de adhesi??n.

"Quienes aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de elecci??n popular no podr??n apoyar a candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento pol??tico al que est??n afiliados. En este caso, qued?? debidamente demostrado que el Partido Liberal, al cual pertenece el demandado, ten??a su propia lista para la Asamblea Departamental, por lo que su apoyo deb??a ser para estos candidatos. La adhesi??n del partido Nuevo Liberalismo no lo exim??a de esta obligaci??n", dijo el alto tribunal en la sentencia.

De igual forma cuestionaron ???una serie de maniobras dilatorias de la defensa del gobernador que hoy, siete meses despu??s de proferida la sentencia, a??n lo tienen atornillado en el cargo???. Por lo que consideran que la denuncia penal hace parte de este arsenal jur??dico para controvertir la decisi??n.

Seg??n el expediente digital, la defensa del mandatario present?? una aclaraci??n de la sentencia; posteriormente interpuso un recurso contra el fallo de aclaraci??n y, despu??s, recus?? a los magistrados de la Secci??n Quinta. El caso fue trasladado a la Secci??n Primera para que decidiera sobre la recusaci??n, que termin?? siendo negada.??

Tambi??n presentaron una tutela, alegando la vulneraci??n de derechos fundamentales, que fue negada por la Secci??n Segunda, decisi??n por la que igualmente denunciaron a los magistrados ante la Comisi??n de Acusaciones.

La representante Arizabaleta, asimismo, tiene actualmente un proceso de p??rdida de investidura en curso en el Consejo de Estado. Ese expediente est?? en manos del magistrado William Edgardo Barrera Mu??oz, de la Secci??n Tercera, y el pasado 18 de noviembre fue enviado a despacho para sentencia.

Un hecho que tambi??n fue criticado por el exfiscal y exprocurador Alfonso G??mez M??ndez. ???Llama la atenci??n la celeridad con que se abren estas investigaciones (en esa c??lula) si se compara con la habitual lentitud cuando se trata, por ejemplo, de acusaciones contra presidentes ???Petro no es el ??nico??? investigados por distintos hechos en ocasiones vinculados a la financiaci??n de sus campa??as. Habr??a que averiguar si algunos de los ???acuciosos??? ha tenido o tiene amigos pol??ticos o allegados afectados por esas decisiones???, escribi?? en su columna del pasado mi??rcoles.

A lo largo del tr??mite de la demanda de nulidad electoral, la defensa tanto del gobernador Gallardo como del Partido Liberal han alegado supuestas irregularidades por las cuales se interpuso una tutela y que tambi??n est??n recogidas en las denuncias por presunto prevaricato contra los magistrados.

La primera apunta a una supuesta indebida aplicaci??n normativa en la reforma de la demanda, que valid?? la adici??n de nuevos cargos y pruebas ???entre estas los videos que fundamentaron la anulaci??n??? por fuera de los tiempos reglamentarios. Los demandados tambi??n se??alaron que se viol?? el debido proceso al no haber sido notificados por aviso, as?? como en la fijaci??n del litigio y en la participaci??n del pueblo raizal en su lengua nativa.

???La Secci??n Quinta del Consejo de Estado incurri?? deliberadamente en una omisi??n constitucional estructural al no garantizar el uso y la traducci??n del proceso de nulidad electoral al idioma creole, que es la lengua oficial en el Archipi??lago???, aleg?? la defensa.

Por este ??ltimo hecho, el magistrado Jorge Edison Portocarrero, de la Secci??n Segunda, a quien le correspondi?? por reparto la tutela contra la decisi??n de los magistrados de la Quinta, decret?? el 8 de agosto de 2025, como medida cautelar, la suspensi??n de los efectos del fallo y permiti?? la participaci??n en creole de los intervinientes.

???Como antes se dijo, negar a los raizales la posibilidad de cuestionar, ante el juez de amparo constitucional, una decisi??n que presuntamente fue adoptada en un escenario caracterizado por barreras de acceso y que, se acusa, tiende a afectar sus derechos a la identidad cultural, igualdad material y acceso a la administraci??n de justicia, equivaldr??a a mantener, en sede de tutela, la exclusi??n alegada en el proceso ordinario???, se??al?? el magistrado en su su salvamento de voto, tras presentar una ponencia que amparaba los derechos tutelados que fue derrotada.

Sara Valentina Quevedo Delgado

Redacci??n Justicia