Los ???reversazos??? del Gobierno en seguridad que marcan el ocaso de la ???paz total???

Las conversaciones con el Eln congeladas desde el a??o pasado ???meses antes de la masacre de al menos 130 personas en el Catatumbo, que provoc?? el desplazamiento forzado m??s grande en dos d??cadas y una crisis humanitaria que a??n no termina??? y con su figura m??s reconocida, el senador Iv??n Cepeda, dedicado de lleno a la campa??a presidencial del 2026.

??? Iv??n Mordisco ???, el desertor de las Farc al que le permiti?? realizar una ostentosa parada militar como las del Cagu??n en el 2023, en el lanzamiento de los di??logos, convertido en el enemigo p??blico n??mero 1 del pa??s, amenazando de muerte al presidente Gustavo Petro y con una recompensa de 5.000 millones de pesos sobre su cabeza.??

Alias Calarc??, supuestamente a??n en negociaciones, consolidado como el principal extorsionista de Meta, Caquet?? y otros departamentos y responsable del mayor golpe contra la Fuerza P??blica en la actual administraci??n: el asesinato de 13 polic??as antinarc??ticos en Amalfi, Antioquia, en agosto pasado.

Ese es el estado cr??tico de la pol??tica de ???paz total??? a ocho meses largos del relevo en la Casa de Nari??o. Una ???paz total??? que, en palabras del propio mininterior, Armando Benedetti, esta semana en el Congreso, ???pudiera ser que fracas????? . Es el mismo panorama, reforzado por las cifras en rojo en materia de seguridad en al menos una decena de departamentos ???Arauca, Cauca, Guaviare, Valle, Antioquia, Nari??o, Caquet??, Meta, Norte de Santander y Choc?????, que le da contexto a uno de los reversazos m??s sonados del gobierno Petro: el regreso de los bombardeos, que en los ??ltimos tres meses se han cobrado la vida de al menos 12 menores de edad reclutados por las disidencias.

??? El abandono de la paz de muchos grupos que hoy est??n en actividad armada ofensiva, no todos, pero la mayor??a, nos hace retomar los combates a los niveles que ten??a (el gobierno) Duque ???, dijo el mi??rcoles el Presidente mientras proyectaba una diapositiva que daba cuenta del aumento de los combates contra grupos armados organizados en el ??ltimo a??o y medio, el per??odo que ha pasado desde que se rompieron las primeras negociaciones con ???Mordisco???.

De los 1.404 combates registrados entre el 7 de agosto de 2022 y el 17 de noviembre pasado, dos tercios (952) se concentraron en 2024 y 2025. Estas operaciones, que incluyeron 13 bombardeos, dejaron 631 muertos en total. La alocuci??n presidencial de esta semana estuvo centrada en un solo objetivo: tratar de justificar el giro de 180 grados frente a los bombardeos dado por el Gustavo Petro de ahora frente al que hizo campa??a de oposici??n y luego arranc?? presidencia, en 2022, tildando de ???asesinos de ni??os??? a los anteriores gobiernos que usaron las mismas ???operaciones beta??? que en las ??ltimas semanas ha autorizado el primer mandatario de izquierda en la historia del pa??s. ???Si el Gobierno al menos ten??a la sospecha de que pod??a haber menores de edad en el sitio donde iban a bombardear, eso es un crimen de guerra???, asever?? siendo senador.

El Petro modelo 2025 habla de ???menores combatientes??? y asegura que eliminar por completo los bombardeos incentivar??a el reclutamiento forzado de ni??os y ni??as para ser usados como escudos humanos, que es en esencia lo que ha venido ocurriendo en los ??ltimos a??os. En lo que va de 2025, seg??n la Defensor??a del Pueblo, van 162, lo que significa que cada dos d??as un menor es arrastrado a la guerra sin que el Estado haya logrado protegerlos.

Esas estructuras que hoy el Gobierno dice enfrentar con mayor decisi??n, y que son las principales responsables del reclutamiento, encontraron durante casi tres a??os del mandato un camino abierto para seguir expandi??ndose y fortaleciendo su control en los territorios y en las econom??as il??citas, al amparo de ceses del fuego concebidos para desescalar la violencia, pero pactados antes de exigir avances concretos en las mesas de di??logo. A esto se suma el rezago de las Fuerzas Militares en capacidades tecnol??gicas y de inteligencia y la purga de generales que sigue pesando en las fuerzas, al punto de que el ???reencauche??? de altos oficiales retirados, incluso por orden del mismo Presidente, se ha vuelto normal en este gobierno.

Los m??s recientes informes de inteligencia exponen que de 2022 a la fecha los grupos armados sumaron 10.158 nuevos integrantes, para un total de 25.278, incluyendo combatientes y redes de apoyo, un crecimiento del 67 por ciento en tres a??os. En ese periodo, el ???clan del Golfo??? ???cuyos cabecillas hoy dialogan con el Gobierno en Catar??? dobl?? su capacidad criminal: pas?? de 4.061 a 8.945 integrantes. El Eln tambi??n creci??, de 4.099 miembros en 2022 a 6.450 este a??o. Y entre las disidencias bajo el mando de ???Iv??n Mordisco??? y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), dirigidas por ???Calarc?? C??rdoba??? ???bloques hoy declarados en guerra tras su divisi??n??? suman 6.721 hombres, casi 5.000 m??s que en 2022, cuando apenas llegaban a 1.869.

Ese poder criminal golpea sin miramientos a uniformados y civiles, como la humilde mujer asesinada esta semana con una bomba en Su??rez, Cauca. De hecho, el deterioro del orden p??blico en distintas zonas del pa??s ha llevado al Comit?? Internacional de la Cruz Roja (CICR) a advertir que el 2025 podr??a cerrar como el a??o con las peores condiciones humanitarias de la ??ltima d??cada.

Aunque los ojos del pa??s se concentran en lo que pasa en el Cauca, el Catatumbo o Arauca, hay departamentos que han regresado a los niveles de terror de los peores a??os del conflicto con las Farc, como Meta, Guaviare y Caquet?? (todos, golpeados por la violencia de las disidencias de ???Mordisco??? y ???Calarc?????). La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinaci??n de Asuntos Humanitarios (Ocha) registr?? que el desplazamiento individual y masivo en esos departamentos creci?? 213 por ciento, los enfrentamientos entre actores criminales aumentaron 175 por ciento y el control criminal se dispar??.

El confinamiento de comunidades pas?? de 10.046 personas en 2024 a 14.067 en lo que va del a??o, un incremento del 46 por ciento. All??, sobre todo en el Guaviare, el reclutamiento forzado de ???Mordisco??? es un azote para las familias campesinas e ind??genas (ver gr??ficos).

Aunque el ministro Benedetti matiz?? sus afirmaciones asegurando que no le ha dado ??? ning??n certificado de defunci??n a la ???paz total??? ???, lo cierto es que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz vive meses complejos, con un jefe, Otty Pati??o, afectado por serias complicaciones de salud y alejado de las declaraciones p??blicas.?? Mar??a Paz Lara Camacho, encargada ante el receso de Otty, dice que el Gobierno no ha bajado los brazos con la ???paz total???, un t??rmino que sali?? del discurso del presidente Petro hace meses: ???Si no apuntamos a la transformaci??n de las econom??as ilegales y la presencia estatal en los territorios, no vamos a llegar a la paz. Y en eso es que se ha centrado la pol??tica de paz de este gobierno (...). La instalaci??n y el desarrollo de esos procesos no significa inmediatamente el cese de las violencias. Es un proceso dif??cil, complicado, que con las Farc tom?? m??s de ocho a??os, sin contar la implementaci??n???.??

Lo que empez?? como una apuesta por una conversaci??n amplia y abierta con actores armados de distinta naturaleza termin?? derivando en una paz fragmentada, con algunos avances concentrados en el sur del pa??s y protagonizados por grupos surgidos de escisiones de estructuras m??s grandes con las que se intent?? negociar en un principi o. Mientras el Gobierno dice que el proceso con el Eln no est?? enterrado, esa guerrilla ???que mira con preocupaci??n las amenazas de Estados Unidos a la dictadura de Maduro en Venezuela, su retaguardia estrat??gica hace d??cadas??? sigue atacando a los colombianos.

El atentado terrorista contra el Batall??n Bol??var de hace dos semanas en Tunja, una zona del pa??s tradicionalmente pac??fica, da cuenta de la magnitud de esa amenaza. A esto se suma el secuestro de funcionarios de la Fiscal??a y de agentes de la Dij??n y el atentado contra el gobernador de Arauca.

El Ejecutivo le apuesta a mostrar al menos algunos logros menores con el frente Comuneros del Sur , la disidencia del Eln en Nari??o, con el que est?? en las ??ltimas etapas de la consulta previa en el Resguardo Ind??gena del Gran Mallama para la creaci??n de las zonas de ubicaci??n temporal (ZUT), donde se concentrar??an 140 hombres (la Fuerza P??blica registra 249 integrantes en total). El compromiso incluye la entrega de armas, la renuncia definitiva a la lucha armada y la reincorporaci??n a la vida civil.

Un resultado similar avizora Armando Novoa para el proceso en Putumayo con la Coordinadora Nacional Ej??rcito Bolivariano (Cneb) , la disidencia de Jos?? Vicente Lesmes, alias Walter Mendoza. Este mes finaliz?? la destrucci??n de 14 toneladas de material de guerra y supuestamente la mitad de esa banda armada, dedicada en esencia al narcotr??fico y con su c??pula en la mira de la justicia de los Estados Unidos, estar??a concentrada en un ??rea acordada con el Gobierno en marzo.

Esta semana, en la inspecci??n de Campo Hermoso, en el municipio de San Vicente del Cagu??n (Caquet??), finaliz?? el s??ptimo ciclo de di??logos con las disidencias de ???Calarc?????, del que supuestamente salieron acuerdos orientados al desescalamiento del conflicto, en particular frente al reclutamiento de ni??os y a las garant??as para el voto libre en las elecciones de 2026. En la ??nica imagen disponible hasta el momento se observa la presencia de ???Calarc?????, cuya voluntad de paz ha sido puesta seriamente en duda por las autoridades de los departamentos donde operan sus estructuras, como Antioquia, Meta y Caquet??. En este ??ltimo, el gobernador Luis Francisco Ruiz ha denunciado amenazas contra ??l y su familia.

???Hasta cu??ndo se le va a dar largas a estos ciclos con Calarc??, cuando tiene amenazado, cuando ha venido generando terror en Caquet?? y ha puesto en la mira al gobernador", expres?? el representante conservador por Caquet??, H??ctor Mauricio Cu??llar.

Los procesos de paz urbana, o espacios de conversaci??n sociojur??dicos ???hoy en marcha en Quibd??, Buenaventura y en Medell??n y el Valle de Aburr??, con miras a consolidar uno m??s en Barranquilla???, enfrentan un panorama mucho m??s complejo, debido a que el Gobierno no ha logrado definir un piso jur??dico claro para el sometimiento de las bandas criminales. A nueve meses de que finalice esta administraci??n, el pol??mico proyecto que busca establecer ese marco jur??dico se encuentra estancado y no tiene mayor chance de avanzar en el Congreso. El tema de la ley tambi??n enreda las negociaciones con el ???clan del Golfo??? en Catar, cuya opacidad ha recibido cr??ticas mientras la violencia no para en sus zonas de influencia criminal.

???El modelo de la paz total tuvo errores cr??ticos de dise??o y fue insuficiente para entender los cambios en el contexto de la violencia y los avances en la gobernanza armada de los grupos ilegales. No tuvo una adecuada caracterizaci??n de los grupos, adecuadas capacidades institucionales para coordinar y dirigir m??s de diez mesas de negociaci??n, desconect?? la pol??tica de paz de la estrategia de seguridad y quiso instalar una narrativa v??lida y necesaria de transformaciones territoriales, pero termin?? otorg??ndoles a los grupos armados un lugar de privilegio???, comenta Gerson Arias, investigador de la Fundaci??n Ideas para la Paz (FIP).

Incluso, algunos analistas no descartan que la presi??n de Estados Unidos, materializada en su inclusi??n en la temida Lista Clinton, haya incidido en la decisi??n del Presidente de mostrar mayores resultados contra grupos armados que nunca se alejaron del narcotr??fico a pesar de haberse matriculado en la mesa de la ???paz total???.

Para Francisco Daza, de la Fundaci??n Paz y Reconciliaci??n, Pares, claramente se ve una disposici??n m??s ofensiva por parte del gobierno contra aquellos grupos que no est??n mostrando inter??s en retomar alg??n proceso de di??logo. ???Esto sin lugar a duda pone un precedente complejo para lo que van a ser las elecciones de 2026 pues Iv??n Mordisco se??al?? que no va a tener un rol pasivo???, apunt??.

Eduardo Pizarro Leong??mez, entre tanto, afirma que para agosto de 2026, el pa??s podr??a llegar con m??s actores armados no estatales, mayor cantidad de integrantes en esas estructuras, m??s territorios bajo control criminal y una diversificaci??n de econom??as il??citas, desde drogas y miner??a hasta extorsi??n.

Adem??s del golpe de realidad que lo ha llevado a arriar varias de las banderas pol??ticas de cuando era jefe de la oposici??n ???los bombardeos, el desistimiento de la idea de acabar con el Esmad (rebautizado s??, pero con las mismas funciones) y hasta la billonaria compra de aviones de guerra???, el presidente Petro y sus alfiles se han dado cuenta de que la seguridad es una de las principales preocupaciones para los colombianos de cara al 2026 y estar??an buscando minimizar el costo electoral para sus candidatos. En ese sentido, no es casual que, salvo Iv??n Cepeda, los aspirantes con chance para sucederlo en la Casa de Nari??o coincidan en que su primera medida a partir del 7 de agosto de 2026 sea el entierro definitivo de la ???paz total???.

Juan Pablo Penagos y Jes??s Blanquicet

Redacciones Pol??tica y Justicia